Una gestión pública enfocada en el desarrollo y la inclusión fomenta una mayor sostenibilidad en nuestro progreso social. ¿Por dónde empezamos a trabajar?
Progreso económico VS Progreso social
Los índices de crecimiento económico vienen desde hace mucho tiempo desentendiéndose de nuestro progreso social: de acuerdo con una proyección del exministro de Economía, David Tuesta, nuestro ascenso económico se estima en un 3.6% para este año. No obstante, de acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), la pobreza monetaria del Perú ha aumentado por primera vez en al menos diez años. ¿Cómo es que, manteniendo un margen razonable de crecimiento macroeconómico, 375 mil personas se hayan vuelto pobres hasta el año pasado? Alentar el incremento de la riqueza es igual de relevante que modernizar la dirección estratégica de la gestión pública para administrar adecuadamente nuestros recursos y ofrecer las mismas oportunidades. Para ello, es necesario analizar otro tipo de métricas que propongan nuevos objetivos y estrategias competitivas.
¿Qué es entonces el progreso social y cómo fomentar su desarrollo?
Acorde al Índice de Progreso Social (IPS) Mundial 2017, un importante proyecto internacional de estadística y análisis, el progreso social es la “capacidad de una sociedad de satisfacer las necesidades humanas fundamentales de sus ciudadanos, de establecer cimientos que permitan mejorar y mantener la calidad de vida de sus ciudadanos y comunidades, y de crear las condiciones para que todos los individuos alcancen su pleno potencial”. En base a esta prerrogativa, menciona el estudio desarrollado por la gigante Deloitte y la organización Social Progress Imperative (SPI), nuestro país se encuentra en el puesto 47 del ranking mundial en un registro de 128 países.
¿Cómo fomentar entonces la prosperidad de nuestro progreso social? Una pista pasa por el accionar de un estado capacitado con Maestrías en Gestión Pública y su influencia en los indicadores de medición del IPS: necesidades humanas básicas, fundamentos del bienestar y oportunidades. Es decir, puede que nuestro crecimiento económico siempre sea un buen indicativo de estabilidad, pero el éxito de un país, como bien menciona la investigación, “se valora a la hora de transformar el progreso económico en mejores resultados sociales”. Lo que estas cifras aportan al país es un punto de partida concreto para entender, y después priorizar, una agenda de acciones que impulsen tanto el desempeño social como el económico a través de la función estatal.
A raíz de este punto, ¿no debería la gestión pública invertir las ganancias económicas en un mejor desempeño, orientado en el desarrollo y la inclusión social? A continuación, proponemos una serie de soluciones basadas en los indicadores de progreso social del IPS, que obtuvieron las puntuaciones más bajas:
- Respecto al indicador de Necesidades Básicas Humanas: nuestro país se encuentra relegado tanto en acceso rural al agua como en seguridad personal. De acuerdo con cifras del IPS, solo el 69.25% de la población tiene acceso rural a fuentes de agua mejoradas, quedando en la posición N°100 del ranking mundial y últimos en América Latina. Una situación que estanca la inversión pública y privada en zonas rurales, relegándolas del crecimiento económico, el emprendimiento y la salud. No obstante, una solución orientada desde la gestión pública podría implementar una propuesta integral de desarrollo rural, que integre tanto servicios como el transporte del agro, indicó al diario Gestión César Álvarez, economista e investigador. Por otro lado, respecto a la seguridad personal, la percepción de la criminalidad sigue manteniéndose alta con un marcador de cuatro puntos, entre el 1 al 5; y una elevada tasa de homicidios de 6.7 personas por cada 100 mil muertes. Y más allá de políticas que pugnen por el refuerzo de policías y serenazgos en las calles, existen también medidas con enfoque en la inclusión social. Hasan Tuluy, vicepresidente para América Latina y el Caribe del Banco Mundial, propuso en una conferencia colombiana, estrategias de progreso social que redujeran la violencia y delincuencia con planes de visitas a madres en riesgo, programas deportivos inclusivos, alianzas comunitarias educativas y programas de policías comunales, entre otras soluciones.
- Respecto al indicador de Fundamentos del bienestar: el apartado de acceso a información y comunicaciones es el de menor valoración con 72.82 puntos. Notablemente, la fuerte competencia entre compañías de comunicación ha favorecido el ahorro, velocidad y calidad en el consumo de servicios de internet y telefonía móvil. De acuerdo con un informe del diario El Comercio, respecto a la telefonía fija, entre el 2016 y el 2017, se sumaron aproximadamente 150 mil clientes. Con relación al servicio de Internet móvil, según Osiptel, se tienen 21.2 millones de líneas al cierre del año pasado, lo que equivale a un 69.2% de penetración del servicio. Sin embargo, de acuerdo con cifras de Gilat Comunicaciones, entre la selva y parte de la sierra existen por lo menos 30 mil localidades con unos 2.5 millones de habitantes totalmente desconectados (sin telefonía ni internet). ¿Qué hacer al respecto? Para Ivan Chumo, gerente general de Optical Networks, “una mezcla de falta de voluntad política y presupuesto ha dado este resultado que significa el gran reto para el Gobierno, como una manera de asegurar la igualdad de oportunidades para todos los ciudadanos, a través del acceso a la misma tecnología”.
- Respecto al indicador de Oportunidades: hay muchas estrategias competitivas a trabajar para incrementar el acceso a la educación superior por parte de los jóvenes. Afín al ranking del IPS, contamos con un puntaje de 44.38; muy por debajo de Estados Unidos, quien lidera este registro con 89.55 puntos. ¿Cómo resolver esta problemática desde la perspectiva de desarrollo e inclusión social? Conforme con la Estadística de la Calidad Educativa (Escale), solo 3 de cada 10 jóvenes cursan una educación superior; y Emma Barrios, especialista consultada para un informe del diario La República, propone tres soluciones impulsadas a través de la actividad estatal: una campaña que dé a conocer la oferta educativa superior del estado; un programa inclusivo que comprenda el ingreso de estudiantes de lengua materna indígena (ya que solo son un 21% de estos quienes logran perseguir sus estudios al terminar la secundaria); y un plan encauzado a renovar las TIC en la educación. Al respecto, Barrios sentencia que “la promoción de mayores condiciones de inclusión y accesibilidad en la educación superior debe tener como un aliado fundamental a las nuevas tecnologías de información y comunicación. Se cree que solo la educación presencial es la única forma de acceder a educación de calidad y actualmente con la tecnología se ha propiciado una comunidad de aprendizaje sin límites, muy interactiva y que van generando conocimiento permanente”.
En conclusión, podemos resolver que el crecimiento económico no necesariamente promueve el progreso social de un país. Nuestra evolución, finalmente, dependerá no solo de la protección de las actividades extractivas, el fomento de macroproyectos internos o la reconstrucción nacional; sino también de una adecuada administración estatal que comprenda los desafíos y oportunidades que presenta la realidad peruana. En ese sentido, la EPGUTP ha implementado una Maestría en Gestión Pública especializada en dotar al estudiante con las mejores estrategias que generen soluciones para las diversas problemáticas en el entorno local, regional y nacional. ¡La tarea de reorientar una guía de gestión pública que favorezca la inclusividad empieza hoy!
